Crece la preocupación y la incertidumbre de las empresas fabricantes, envasadoras y distribuidoras de envases plásticos en España ante la posible implantación de un impuesto nacional a los envases plásticos no reutilizables, incluido en los presupuestos generales del Estado para 2021, con el que el gobierno pretende recaudar 491 millones de euros.
No se sabe bien si la iniciativa de este impuesto especial y monofásico ha sido del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o del Ministerio de Hacienda, pero en cualquier caso, tiene una clara finalidad recaudatoria y no medioambiental, puesto que solo se establece para los envases plásticos, obviando los envases de otros materiales que también se convierten en residuos, y no repercutirá en la mejora de la economía circular y la sostenibilidad.
En el ámbito europeo, España, Italia y Reino Unido son los únicos países que han establecido este tipo de impuesto, si bien, con distintas características y fechas de entrada en vigor.
Debido a la amplia casuística, existen aún muchas dudas, compartidas por otros sectores, respecto a diversas cuestiones: el propio concepto de “reutilizables”, los productos afectados, los sujetos pasivos que deberán pagar el impuesto, quiénes podrán deducirse de la base el importe correspondiente a la cantidad de reciclado empleada en la fabricación de los envases, quiénes solicitarán la devolución correspondiente a los envases vendidos en otros países, si contribuirán de forma separada los elementos complementarios al envase y de qué forma se va a controlar el pago del impuesto para evitar los fraudes.
En resumen, es un impuesto de difícil regulación por los problemas para definir el ámbito objetivo y el devengo del mismo, así como por las dificultades para su control y el alto coste que conllevará para la administración y los usuarios.
ANAIP, como asociación que representa a los transformadores de plásticos en España, defiende sus intereses, tanto de forma independiente como a través de la plataforma EsPlásticos, de la que es miembro fundador. Hace ya meses, durante la fase de consulta pública, se realizaron numerosas alegaciones al Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, entre otras:
- Que sea aplicable a los envases no reutilizables de todos los materiales
- Reducir el tipo impositivo (0,45 €/kg)
- Limitar el ámbito objetivo del impuesto, adecuándolo al cumplimiento de la Directiva de plásticos de un solo uso (SUP)
- Excluir del ámbito objetivo a los:
- Envases industriales y comerciales
- Envases/productos fabricados con plásticos biodegradables/compostables
- Productos que tengan la condición de sanitarios
- Envases con un mínimo del 30% de contenido de material reciclado
- Eliminar la obligatoriedad de que el reciclado consumido proceda del mercado español, medida que restringe las posibilidades de uso de reciclado y puede vulnerar la libertad de mercado.
- Retrasar la fecha de entrada en vigor a 1 de enero de 2023.
El MITERD está analizando las casi cinco mil alegaciones recibidas y preparando el nuevo texto, que se espera sea remitido a las Cortes en enero, con el fin de que pueda ser aprobado como ley antes de julio de 2021, fecha prevista para su entrada en vigor.
En reuniones con responsables de Ministerios, partidos políticos, y otras organizaciones, seguimos insistiendo en que es un impuesto discriminatorio, que impactará en la competitividad, no solo de la industria de plásticos, sino de toda la industria española que utiliza envases plásticos en la producción y en el transporte de todo tipo de mercancías.
Un impuesto que, en muchos casos, supone una doble imposición para envases que ya participan en un sistema de gestión pagando su correspondiente punto verde. Un impuesto que podría comprometer la seguridad e higiene de los alimentos aumentando las alertas sanitarias por sustituir los plásticos por otros materiales (la proliferación de envases de otros materiales en contacto con los alimentos ha provocado que las alertas alimentarias en la Unión Europea se hayan duplicado entre 2018 y 2019, según el Sistema de Alertas Rápidas de la UE (RASFF)), aumentando además el desperdicio alimentario y las emisiones de CO2.
Y, por supuesto, un impuesto que repercutirá en la subida de precios de muchos productos esenciales de primera necesidad. El propio Fondo Monetario Internacional recomienda retrasar la entrada en vigor de este impuesto “medioambiental”, teniendo en cuenta la coyuntura actual y el efecto desproporcionado que tendrá en las rentas más bajas.
La industria de plásticos española considera que hay que avanzar en la vía de la colaboración y no de la imposición, por lo que brinda su apoyo a la Administración, en lo que fuera necesario, para lograr que se cumpla de manera efectiva ese objetivo medioambiental que todos perseguimos. Y, por supuesto, comparte el objetivo general de reducción de residuos abandonados en el medioambiente y así lo demuestran los avances del sector hacia la economía circular y los compromisos adoptados en pro de la sostenibilidad, pero rechaza el impuesto y espera que la Administración pueda tomar en consideración sus alegaciones para minimizar su grave impacto económico, medioambiental y social.