Ya ha sido aprobada la directiva llamada “Declaraciones Ecológicas” (Green Claims Directive), que obligará a que las empresas verifiquen sus declaraciones de marketing medioambiental y prohibirá la obsolescencia temprana. Además, reforzará las obligaciones de información a los consumidores.

El «greenwashing» o «lavado ecológico» consiste en hacer afirmaciones poco precisas o falsas sobre las propiedades ecológicas de productos o servicios con el fin de atraer la atención del consumidor. La Comisión Europea estima que dentro de la Unión «el 53% de las afirmaciones ecológicas brindan información vaga, engañosa o infundada» y que «la mitad de todas las etiquetas verdes ofrecen verificación débil o inexistente». De esta manera, los consumidores pierden la confianza en las empresas.

Se trata, pues, de una Directiva que busca luchar contra la desinformación, y que protegería tanto a los consumidores como al medio ambiente. Además, impulsaría la competitividad de las empresas que reclaman la sostenibilidad ambiental de sus productos y actividades.

La nueva norma modifica las Directivas 2005/29/CE (sobre las prácticas comerciales desleales) y 2011/83/UE (sobre los derechos de los consumidores) para reforzar la protección frente a prácticas comerciales desleales y mejorar la información sobre las características medioambientales y sociales de productos y servicios.

Cuando las empresas decidan formular una «declaración ecológica» sobre sus productos o servicios, tendrán que respetar unas normas mínimas sobre la manera de fundamentar y comunicar esa clase de declaraciones.

La propuesta regulará las etiquetas medioambientales. En la actualidad existen al menos 230 etiquetas diferentes y hay indicios de que esto genera confusión y desconfianza entre los consumidores.

Las empresas que no cumplan las normas pueden ser excluidas de los contratos públicos, perder ingresos y recibir una multa de al menos el 4% de su facturación anual.

Esta Directiva ha sido ya publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (aquí). Los Estados Miembros tendrán hasta el 27 de marzo de 2026 para llevar a cabo la transposición.